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PL Buenos Aires

Bases de acción política

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Instrumento guía para conocer las bases sobre las cuales se actuará
políticamente.

Las bases del programa de acción política contienen los lineamientos
esenciales a los que adhiere el Partido Libertario respecto del ejercicio del poder estatal a los efectos de consagrar materialmente los fundamentos plasmados en nuestra Declaración de Principios y la Constitución Nacional.
Estas “Bases de Acción Política” son también el “corpus” al cual
referenciar definiciones conceptuales esenciales que guiarán los ejes de un nuevo Contrato Social entre los argentinos y las relaciones con otras naciones del mundo.
Todo lo enunciado, tendrá la finalidad esencial de asegurar las libertades
individuales de los habitantes, principio fundamental de toda acción política del Partido Libertario, apoyadas en la convicción de asegurar la igualdad ante la Ley de todos los habitantes y reconocer el derecho a la autodefensa de las personas sobre su vida, su integridad física y sus bienes, sean estos materiales o inmateriales.
Todas las reformas estarán guiadas por el fin último de garantizar los
derechos universales inherentes al individuo a la vida, la libertad y la propiedad privada.


CONVICCIÓN LIBERTARIA.
Desde esta organización partidaria, debemos insistir en la supremacía de
la libertad, la razón, y la individualidad para la construcción de un pensamiento y una sociedad más justa; promover la convicción de que no puede haber una organización estatal que deba ejercer el rol de tutor moral de sus ciudadanos.
Como Libertarios, reconocemos que el Estado debe ser el protector de la
individualidad de todos los ciudadanos, para que estos puedan desarrollarse en un contexto cultural y social favorable; de apertura al debate; de posicionamiento crítico, pero aspirando consagrar valores morales guiados por la libertad, que deseamos, pueda ser abrazada por toda la ciudadanía; un ideal de seres humanos formados cultural y técnicamente, pensantes, libres e independientes.

Nos comprometemos a que nuestros representantes no promuevan o
adhieran a proyectos que impliquen directa o indirectamente un aumento de las funciones del gobierno y a cualquier incremento de impuestos, sin una estricta necesidad que lo justifique.
Todos los cargos políticos que puedan ser ocupados por los integrantes
de este partido, como así también aquellos que colaboren con estos, respetarán los principios liberales establecido por la Constitución Nacional propendiendo a la revalorización y mantenimiento en vigencia de los ideales que inspiraron a los creadores del texto fundacional en el año 1853.
En relación a este último punto, se reconoce que resulta indelegable la
obligación del Estado en todos sus estamentos, de favorecer la libre competencia y la lealtad comercial, como así también proteger a los usuarios y consumidores finales de toda práctica abusiva que pudiera ser desplegada por los prestadores de servicios y productos, sean estos provistos por entidades públicas o privadas.


REFORMA DEL ESTADO.
El Partido Libertario cree que existen responsabilidades indelegables e
intransferibles que debe asumir el Estado moderno y para poder asumir esas responsabilidades, él mismo debe estar en condiciones de ejecutar las políticas públicas y acciones administrativas de forma eficaz y eficiente.
Resulta indispensable una profunda reestructuración de todos los
estamentos de la Administración Pública (centralizada y descentralizada) a los efectos de simplificar al máximo posible la labor administrativa, suprimiendo toda la maraña de órganos administrativos cuyas competencias resulten innecesarias.
La actividad administrativa debe reducirse al mínimo indispensable a los
efectos de cumplir en forma eficiente con el fin de toda su labor, la cual deberá estar centrada principalmente en:

La administración de justicia.
* El cuidado de la seguridad interior y exterior.
Siendo a su vez objetivos indelegables, garantizar mediante medios
públicos o privados, los servicios de:
* Salud.
* Educación.
Proponemos la introducción de un nuevo sistema de contabilidad pública
y de control de gestión para incorporar la gestión por resultados para las áreas que administran regulaciones y prestan servicios. Esto hará posible introducir incentivos en los contratos de obras y servicios públicos.
La gestión pública deberá evaluarse de manera permanente por los
resultados obtenidos en el cumplimiento de sus objetivos y deberá ser sujeta a una profunda renovación tecnológica en los métodos, instrumentos y procedimientos utilizados, propendiendo a la eficiencia general; considerándose siempre que la eficiencia será el resultado de mejorar la calidad y reducción de los costos.
La transparencia será una condición necesaria de la gestión pública,
también se impulsarán medidas tendientes a la descentralización administrativa de niveles superiores hacia niveles inferiores de gobierno y desde el Estado Nacional y Provincial hacia la órbita Municipal. La tercerización y privatización de funciones no esenciales mejorará la gestión del Estado. Siempre se propenderá a la gestión en manos privadas de todo tipo de servicios que pudiera ser brindado por el Estado
garantizando siempre el pleno goce de derechos esenciales de las personas
consagrados por la Constitución Nacional.
La nueva estructura de gobierno propuesta responde al denominado
criterio de diseño “Base Cero”. No parte de la organización existente, sino que se diseña una nueva, que responda al objetivo de cubrir, con criterios modernos y eficientes de administración, todas las funciones gubernamentales establecidas en la Constitución Nacional y las Leyes vigentes. No deberá haber superposiciones de tareas, sin perjuicio de la concurrencia en determinadas competencias en los distintos niveles estatales (nacional, provincial y municipal).


REFORMA POLÍTICA.
Proponemos una profunda reforma política que permita a la ciudadanía
ejercer plenamente sus derechos, obligaciones cívicas y, al mismo tiempo, controlar la gestión pública de aquellos que han sido designados o electos para tal responsabilidad. Una mejora sostenida en la representatividad de quienes accedan a cargos electivos y a su vez llevar adelante una reformulación del sistema electoral,
tal que refleje con la debida proporcionalidad las preferencias políticas de los ciudadanos.
La idoneidad, la transparencia y la indeclinable asunción de las
responsabilidades derivadas del ejercicio de los cargos públicos, deberán ser las condiciones que la sociedad espera de sus representantes. Sobre la base de su afianzamiento podrá asegurarse la previsibilidad, credibilidad y gobernabilidad del sistema democrático de gobierno.
En lo inmediato, proponemos específicamente:
• Cambio en las formas de financiamiento de partidos políticos, con
énfasis en la publicidad de sus actos y, en la auditoría pública y privada de los fondos partidarios.
• Supresión de las listas sábanas a través de la aplicación de
mecanismos directos de representación mediante la aplicación del sistema de votación por boleta única de papel. Esto asegura la cabal expresión de la voluntad política de la ciudadanía incluyendo la posibilidad de presentación de candidatos independientes

Reducción del número de legisladores y concejales.
• Autofinanciamiento de asesores y estructuras de apoyo de los
legisladores, propendiendo a la creación de Comisiones Técnicas en las distintas facultades del país para que puedan realizar los trabajos de asesoramiento técnicos a los órganos políticos estatales, favoreciendo así la incorporación de los alumnos en la vida política, y el desarrollo y actualización de cuerpos universitarios insertos en la vida diaria del país.
• Los partidos políticos deberán publicar todos los actos relativos a su
conformación, designación de autoridades, financiamiento y realizar auditorías públicas y privadas de sus fondos.
• Propender a la reducción de los gastos generados por el sistema
político, asegurando siempre una adecuada retribución por las tareas realizadas y las responsabilidades asumidas, pero entendiendo que la gestión pública no debe tener como objetivo el enriquecimiento personal de quien la realiza, sino que consiste en un servicio a la comunidad, el cual debe realizarse de forma proba, ajustando sus remuneraciones a la realidad económica de la población, y entendiendo que el servicio público es en sí mismo un orgullo para quien lo presta de forma eficiente, y un oprobio para el que se enriquece al ejercerlo si su pueblo padece penurias y privaciones.


SEGURIDAD Y JUSTICIA.
Reforma Judicial:
A los efectos de una debida designación de los jueces proponemos una
reestructuración del Consejo de la Magistratura en aras de optimizar el cumplimiento de sus cometidos constitucionales. Despolitizar la institución (en el sentido de eliminar la participación de los representantes de los órganos políticos, y que su integración se conforme exclusivamente por miembros del Poder Judicial e integrantes civiles como ser los Colegios Públicos que regulan la matrícula y los decanos de universidades públicas de derecho), acelerar los procesos de selección y designación de magistrados asegurando la transparencia mediante concursos
públicos, reformular el reglamento de concursos, organizar procesos de control de calidad del servicio de justicia, mejorar los procesos de reclutamiento de recursos humanos, son algunas de las materias prioritarias. Todo esto tanto a nivel Nacional, como Provincial.
Es imprescindible dotar de mayor eficacia a los procesos judiciales y
acortar los tiempos de resolución de pleitos, para poder proveer un servicio útil a la ciudadanía y hacer más controlable y transparente la administración de justicia.
Resulta indispensable una precisa modificación de nuestras leyes
procesales a los efectos de abreviar los juicios y, adicionalmente, debe propenderse a reducir la concurrencia litigiosa ante el Poder Judicial, desarrollando métodos alternativos para la solución de conflictos, como los sistemas de mediación y arbitraje privados.
Un profundo esfuerzo de inversión en tecnologías informáticas es
imprescindible para facilitar el logro de los objetivos anteriores, particularmente, se debe incorporar tanto la firma electrónica como los modernos sistemas de notificación electrónica.
Impulsaremos al arbitraje privado en las áreas idóneas del Derecho,
como el mercantil. Implementación del mandato constitucional de establecer el juicio por jurados. Eliminación de la facultad del ejercicio del llamado “per saltum” a efectos de evitar que la Corte Suprema de la Nación intervenga en forma directa en asuntos judiciales y reduciendo el debate que debe generarse en las instancias previas.
Sin olvidar el carácter local del Derecho Procesal, apoyamos la
implementación de juicios orales, con la elevación considerable del número de Jueces a los efectos de que se cumpla plenamente el sabio Principio de Inmediatez del Juez con las partes y con todos los elementos probatorios de una causa.
Bregaremos por la instauración de un sistema procesal civil
absolutamente dispositivo, en el cual las partes se encuentren en pie de igualdad ante un Juez absolutamente imparcial e independiente.
Como medida de prevención prevención del crimen, sostenemos la
imperiosa necesidad, entre otras estrategias, de generar una educación de calidad que permita evitar la marginalidad, como así también la falta de valores éticos y morales. Asimismo, apoyamos la implementación de un sistema penal plenamente acusatorio. Tolerancia “cero” contra la delincuencia. Propiciamos la implementación de juicios penales que sean de rápida resolución, siempre respetando plenamente el derecho de defensa de raigambre constitucional, como así también la aplicación
del juicio abreviado a todo proceso sancionatorio.
Entre otras medidas, proponemos:
• Deportación inmediata de extranjeros condenados por delitos graves.
• Colaboración entre sistema judicial, educativo y ONGs para atender y
orientar a menores en riesgo.
• Aplicación del mecanismo de suspensión a prueba previsto por el
Código Penal de la Nación sólo a delitos menores que no conlleven pena de prisión efectiva.
• Sanciones efectivas a los padres por los delitos cometidos por menores
de edad, entre los cuales se podrán encontrar desde sanciones pecuniarias, tareas comunitarias y en casos de extrema gravedad o reincidencia del menor la pérdida de la “patria postestad”. Reforma del Régimen Penal Juvenil a efectos de lograr una adecuada protección de la sociedad y al mismo tiempo propender a la reinserción de los menores en la sociedad, mediante la reeducación de estos, y permitiendo la

separación de estos de su núcleo familiar cuando esto sea necesario para el mejor interés del menor.
• Propiciar la simplificación drástica de las leyes promulgadas y sus
decretos reglamentarios para que sean comprensibles para cualquier persona, y fáciles de hallar, contando con regulaciones unificadas por materias a efectos de evitar la multiplicidad de normas sobre un mismo asunto dificultando su conocimiento comprensión por los ciudadanos legos.
• Iniciar un proceso de revisión y derogación de las leyes, que tengan
vicios de legalidad o que sean éticamente inválidas, tendientes a regular
compulsivamente la vida de los habitantes y a expoliar a los productores de bienes y servicios.
• Registros y notariado: Liberalización del registro notarial eliminando
cualquier restricción a la obtención de nuevas matrículas. Simplificar trámites y costos burocráticos a los ciudadanos.
Se solicitará imperiosamente a los Jueces que apliquen las penas de
Reclusión, ya contempladas en nuestro Código Penal (con trabajos obligatorios para los reos, sin que estos sean tortuosos, y en condiciones que resulten compatibles con la salud y la dignidad humana) para los delitos graves y personas reincidentes.
Teniendo en cuenta que los últimos estudios criminológicos indican que
el endurecimiento de las penas no produce efectos considerablemente positivos, que en consecuencia la mayor duración de las penas sólo producirá mayor marginalidad, aumento en la criminalidad y en los costos del sistema penitenciario, se favorecerá toda reforma penal que sin dejar de castigar adecuadamente los delitos cometidos en orden a su gravedad, incentive a la formación de valores morales, éticos y al desarrollo cultural y la educación técnica de los criminales a efectos de que una vez saldada su deuda con la sociedad, puedan insertarse favorablemente en ella como ciudadanos útiles.


Reforma del Sistema de Seguridad:
La seguridad de las personas y de la propiedad será establecida como
alta prioridad del accionar Estatal. En tal sentido, se propenderá a mejorar el equipamiento y la formación de los responsables de la prevención y represión del delito. Se favorecerá la realización de inversiones en tecnología para todas las fuerzas de seguridad y policiales; policía científica; e Información criminológica. Se propondrá la modificación de leyes y procedimientos que dificultan el accionar policial.
Al mismo tiempo, defendemos el derecho que posee todo ser humano a
defender su vida, propiedad y libertad frente a una amenaza ilegítima. Creemos conveniente desregular el mercado legal de armas de fuego y, proteger su uso legítimo y responsable por parte de los ciudadanos. Una mayor accesibilidad legal a medios defensivos y a una capacitación de calidad es de una inmensa importancia para defender no solo los derechos previamente citados, sino también para lograr la reducción del mercado negro de armas de fuego y del crimen.
Estimamos imprescindible que se generen nexos que permitan establecer criterios de acción en común entre las Fuerzas de Seguridad y la Justicia,
de la cual actualmente las primeras son un mero auxiliar. A través de un Sistema Integrador, se aplicarán políticas de redireccionamiento de planificación, para una prevención más eficiente del delito. Se producirán acciones tendientes a acercar las diferencias entre la Policía y la Justicia, a través de un código de procedimientos policiales, avalado y aprobado por el Poder Judicial, haciendo que ambas partes colaboren y sean responsables del resultado del accionar de la policía en defensa y protección de los ciudadanos, de sus derechos y garantías

Unificar la información que surja de los recursos de inteligencia existentes
en el país y su puesta a disposición de los Estados Nacional y Provinciales.
Se propulsará un programa de despolitización y profesionalización de las
fuerzas policiales, produciendo cambios significativos en los sistemas de inscripción de efectivos, estudios, acondicionamiento físico, jerarquización, competencia y reglamentos de todo el Sistema Policial, con el fin de obtener una policía más preparada, más incentivada y con mayor integración social. Se propulsarán políticas de autofinanciamiento y se prohibirán terminantemente las sucesiones de altos puestos jerárquicos policiales a otros estamentos del gobierno o entidades públicas.
Procederemos a la eliminación absoluta del Ministerio de Seguridad, las
Secretarias de Seguridad y todas sus Dependencias. Estas, serán reemplazadas por un Consejo de Alcaldes, integrado por un miembro de la Fuerza de Seguridad, uno del Poder Judicial y civiles, los que serán elegidos de forma abierta y voluntaria.
No se permitirá la postulación, colaboración, promoción o apoyo de los partidos políticos. Este organismo no podrá ser integrado por actores políticos. Una de sus metas principales es la eliminación de la corrupción dentro de las Fuerzas de Seguridad y el correcto uso del presupuesto Estatal destinado a seguridad interna.


Reforma del Sistema Penitenciario:
Implementaremos una reforma integral para garantizar la auto
sustentabilidad de las cárceles. Baja del gasto público. Fomentar el trabajo entre los presidiarios para su reinserción laboral y aliviar a los ciudadanos de la carga impositiva.
El sistema penitenciario debe ser reformulado, dando prioridad a la
remodelación, construcción y/o habilitación de nuevas cárceles. Se deben lograr establecimientos que, de manera realmente efectiva, logren dar herramientas a los reos para que se puedan readaptar socialmente, pero que a su vez castigue a todo aquel que decida hacer del delito su modo de vida. Como está ocurriendo exitosamente en otros países, es necesario contemplar la alternativa de privatización parcial y en forma gradual, de esta función, procurando un grado de eficacia y eficiencia que estén muy alejados de la realidad actual de nuestro país.
También proponemos reacondicionar el Sistema Penitenciario y
prepararlo para que pueda cubrir las expectativas que se poseen en él, permitiendo el trabajo de los detenidos, su formación técnica y profesional, como así también el desarrollo personal de éstos. Esto beneficiaría al mismo tiempo al condenado y a la sociedad, ya que el convicto adquiriría habilidades y aptitudes laborales, como así también el dictado de sentencias más breves en relación a las penas de prisión, al mismo tiempo estaría realizando labores que de otra manera deberían ser realizadas por el Estado en detrimento del erario público.


REFORMA TRIBUTARIA.
Propender a una reforma tributaria integral que simplifique la cantidad y
magnitud de los tributos, poniendo especial énfasis en la eliminación o reducción al máximo posible de los impuestos distorsivos que gravan el patrimonio, la renta y el trabajo; es decir, la generación de riqueza genuina, y que atentan contra el crecimiento económico de la Nación.
Reducción de las cargas sociales sobre el trabajo, cuyo elevado nivel, es
un incentivo formidable para la evasión y la ampliación de la actividad informal.
Se propondrá el análisis de tasas provinciales y municipales para su
simplificación y reducción.
A los efectos del pleno restablecimiento de la forma FEDERAL DE
ESTADO y el pleno ejercicio del poder autónomo de las provincias (Art. 1 C.N.) se propicia, mediante la sanción de una ley especial del Congreso de la Nación, la eliminación del nefasto régimen de coparticipación tributaria que resulta flagrantemente violatorio del reparto de competencias tributarias asignado por la Constitución Nacional originaria.
Restableciendo en su plenitud las competencias tributarias de cada
estamento de poder, las provincias volverán a ejercer su verdadero poder autónomo y dejarán de ser meras reparticiones administrativas que se sujeten a las previsiones presupuestarias el Poder Ejecutivo Nacional a la espera de la remisión de los fondos que surgen del actual régimen de reparto, en rigor inconstitucional.
La propuesta es lograr correspondencia fiscal. Esto quiere decir que las
provincias deberán ser en su conjunto responsables de recaudar los impuestos necesarios para cubrir la totalidad del gasto conjunto provincial. Esto es posible devolviendo potestades tributarias a los Estados provinciales de manera de retener para la Nación sólo el cobro de los tributos que surgen de su potestad tributaria constitucional. La distribución de las potestades tributarias en los distintos niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, se establece en función del carácter y
la facilidad de recaudación y control de cada impuesto. De esa forma se alinearán los incentivos, se propenderá a gastar menos, y gastar mejor.
Propiciamos que en cada Provincia se realicen las reformas necesarias
a los efectos de que sus Municipios gocen plenamente de la autonomía consagrada en el art. 123 de nuestra Constitución Nacional, convirtiendo así a cada municipio en un ente tributario autónomo y, por tanto, independiente de las provincias en la recaudación y gestión de ese dinero.
Derogación de toda norma que permita a la Administración Federal de
Ingresos Públicos establecer sanciones, procedimiento o realizar interpretaciones legislativas de carácter vinculante en forma general para toda la población (funciones propias y excluyentes del Poder Judicial según nuestra Constitución), estableciendo que en relación a este último fin, deberá instituirse un procedimiento de consulta vinculante al Poder Judicial a efectos de que sea este el que interprete la voluntad del legislador sin la necesidad de un proceso judicial controversial o consultivo que demore años, conforme a la letra de la ley y los principios ordenadores de nuestra Constitución Nacional.
Eliminación a las retenciones de impuestos en la fuente, especialmente
al sistema de retenciones bancarias a efectos de favorecer la bancarización de las operaciones comerciales, reducir los costos operativos de las entidades financieras y generar así un medio más favorable para evitar la utilización de dinero físico, la evasión tributaria y el lavado de activos, todo ello en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional.


REFORMA LABORAL Y SINDICAL.
Reforma Laboral:
Proponemos: Libertad de contratación, la abolición del salario mínimo y
la consolidación de un mercado de trabajo plenamente libre que traerá como consecuencia un aumento del salario y del empleo.
Como mecanismo ideal para seguro de desempleo, se propondrá un
régimen de capitalización individual, al cual cada trabajador hará aportes mientras este en actividad y de cuyos fondos será dueño exclusivo, disponiendo de los mismos libremente cuando quede sin empleo o cuando decida retirarse de la actividad laboral.
Habilitación de planes de capacitación semestral dentro de las empresas
para entrenar a desocupados, eximiendo de impuestos al trabajo a quienes los contraten.
El primer tramo de la contratación (período de prueba conforme al art. 92
bis de la ley 20.744 o la que se dicte en su reemplazo) debería contar con una fuerte reducción de las contribuciones patronales, que en la medida que tiendan a cero aumentarán la captación de trabajadores

Es importante reconocer la jornada, descansos flexibles y premios en la
remuneración que responda a pautas de productividad, de rentabilidad y en general de resultados medidos objetivamente.
Planes de ayuda a desocupados. Se reemplazarán los llamados “planes
sociales” por planes de trabajo temporal realizando servicios a favor del Estado a cambio de una retribución sin que esto implique su incorporación a la planta de personal estatal o su sujeción por cualquier medio al régimen de empleo público.
Se proveerá de atención individualizada a los desempleados y se
introducirá un sistema de cupones para formación laboral, de tal forma que los desempleados puedan adecuar sus habilidades a las demandas del mercado.
Se propulsarán programas de vinculación de institutos educativos con
empresas y se desarrollará un plan de pasantías, para estudiantes que cursen entre el último año de la escuela secundaria y el último de carrera terciaria o universitaria, dando prioridad a la obtención de experiencia laboral para los estudiantes, preparándolos para el mercado laboral.

Reforma Sindical:
Es de nuestro mayor interés, declarar ante la sociedad nuestro interés
por una Reforma sindical total.
Queremos instar a la derogación del Art. 25° de la ley 23.551 (Ley de
Asociación sindical), por tratarse de un artículo que alienta el monopolio sindical, al otorgar, solamente, la personería gremial única, al sindicato que obtenga 20% o más de afiliados en el sector al que participa.
Garantizar la voluntariedad de los aportes a las obras sociales. Debe
eliminarse el “unicato” sindical, la afiliación obligatoria y la falta de democracia en la elección de los representantes de los trabajadores, prohibiendo las reelecciones continuas y favoreciendo la representación sindical frente a las empresas mediante los delegados sindicales elegidos en forma directa y positiva por los empleados.
El sindicalismo debe perder su rol de intermediador en la provisión de la
salud a través de las Obras Sociales, rol que los sindicatos no cumplen en ningún país digno de ser considerado como modelo.
Las negociaciones salariales deben ser por empresas, eliminando la
negociación colectiva, que no contempla la situación diferencial de distintas
empresas dentro de cada ramificación, cualquiera fuere la profesión u oficio.
Finalización del Régimen de Unidad Promocionada y de la recaudación
sindical por parte del Estado.
Se impulsará la derogación de los artículos 1° al 5° de la ley 24.642/96,
sustituyéndolos por otros que impliquen la imposibilidad por parte de las empresas y del Estado para actuar como agente de retención de aportes y contribuciones de origen sindical (obra social, aporte sindical, seguro de vida, etc.).

SISTEMA PREVISIONAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
Implementación del sistema basado en la capitalización individual
privada mediante sistemas que permitan a cada ciudadano elegir la forma en que se administrarán dichos fondos tanto en cuanto al tipo de inversiones que se realicen, como a la moneda en la que dichos aportes deban ser administrados.
Todo acto administrativo en virtud del cual se haya otorgado una
jubilación o pensión violando la legalidad será inmediatamente revocado en aras del pleno restablecimiento del respeto al ordenamiento jurídico vigente y sin derecho a indemnización alguna atento la ilicitud subyacente.
Se propondrá igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres en 65
años toda vez que en el contexto actual las diferenciaciones carecen de sentido y se propondrá a que cada ciudadano pueda elegir la edad de su retiro, conforme al capital obtenido y el plan de vida establecido por este. De esta forma, se eliminará la obligatoriedad de los aportes a partir de los 65 años de edad, se harán voluntarios los aportes a partir de dicha edad, y se permitirá elegir la forma en que se dispondrá de los fondos acumulados, toda vez que estos estarán conformados por los aportes individuales obtenidos durante la vida laboral activa.
Se revisarán los planes sociales vigentes suprimiendo en un plazo de
seis meses los que: a) no cumplan con las condiciones de su otorgamiento. b) estén asignados a personas o familias que expongan un nivel de ingresos de fuente distinta, formal o informal, del plan social y superior a un monto a definir.

c) Los inmigrantes no nacionalizados, sin vivienda fija, y que no puedan demostrar su residencia en el país conforme lo establezcan las leyes migratorias.
A su vez, se reconoce que los sistemas de previsión social constituyen
un auxilio económico a las personas que por contingencias propias de la vida que impliquen la pérdida o reducción de la capacidad laboral sea por problemas de salud o vejez, por lo que para generar un sistema previsional sustentable y justo resulta menester que toda asignación otorgada por el estado por dicho concepto tenga como sustento un ingreso previamente obtenido y sujeto a aportes obligatorios o voluntarios que haya generado derecho al beneficio con carácter previo a la asignación del mismo.


POLÍTICAS ECONÓMICAS.
Es importante remarcar la importancia de las reformas previamente
descriptas para la aplicación coherente de las siguientes propuestas de política económica.
En este sentido, se debe comprender que la reforma del estado, y las
otras propuestas mencionadas, sirven a la función económica de reducir el nivel de gasto público, el cual hoy excede de manera peligrosa a la recaudación y a lo que el nivel de ingresos de los habitantes puede tolerar.
A la fecha convivimos con máximos históricos de niveles de presión
fiscal, incluso relativos a otros países de similar nivel de ingresos al nuestro. Por esto entendemos que el único camino para retomar la estabilidad y el crecimiento económico es reducir el gasto de parte del estado. Esto es condición necesaria para todas las propuestas que siguen y tienen por objetivo establecer las condiciones necesarias para que los habitantes de la Nación puedan liberar todo su potencial de trabajo, ahorro e inversión, siendo que solo los particulares son capaces de crear riqueza genuina y así retornar al sendero del crecimiento.
Estabilidad monetaria y sistema de banca:
Reglas monetarias simples, claras y fáciles de controlar por la sociedad.
Corregir las normas que impiden el uso de otras monedas o admiten la pesificación
unilateral de deudas en moneda extranjera (incluyendo la reciente reforma del Código Civil y Comercial de la Nación).
Por aplicación del sabio principio constitucional conforme al cual todo lo
no prohibido se encuentra permitido, se derogará toda norma jurídica que prohíba la utilización como medio de pago de cualquier moneda y aquellas que prohíban la apertura de cuentas bancarias en otras monedas.
Proponemos instrumentar un plan coherente con el fin último de
prescindir del Banco Central y, hasta entonces, de eliminar la incidencia del
gobierno de turno en la política monetaria (mediante reforma de la Carta Orgánica de dicho órgano).
El sistema actual de “banca tradicional” puede reemplazarse por un
sistema que separa el almacén monetario (respaldados en su totalidad con activos líquidos seguros) que proveen servicios de pago, transferencias y preservación de ahorro; de la banca de inversión que provee créditos a largo plazo (financiados en el mercado de capitales).

Endeudamiento y déficit fiscal:
Un gobierno ético no gasta más que lo que recauda. Pero durante
décadas, de manera irresponsable, los gobiernos han gastado más que lo que recaudaron, haciendo abuso de la toma de deuda y emisión espuria de dinero para financiarse.
Eso nos llevó a crisis económicas y sociales periódicas mayúsculas, nos
condenaron a inflación e impuestos para repagar las deudas, es decir, a pobreza en el presente y a un futuro hipotecado.
Es por esto que se debe terminar con estas prácticas empobrecedoras,
primeramente, respetando el artículo 4º de la Constitución Nacional del cual surge expresamente que el Estado Nacional provee sus gastos con los fondos del Tesoro Nacional y en su conformación sólo permite tomar crédito con carácter MUY EXCEPCIONAL. Luego, siendo restringidas las transferencias al Tesoro de parte del Banco Central (el cual debería ser eliminado) se logrará terminar así con la emisión espuria de dinero, causal de la inflación, para financiar el déficit fiscal. Así la posibilidad de incurrir en irresponsabilidad fiscal queda severamente limitada.
Subsidios y controles:
Plan de eliminación de los subsidios a la energía y al transporte para
normalizar en un plazo prudencial las tarifas y precios. Revisión de los esquemas contractuales, de financiamiento y de cobro, con las empresas prestadoras de servicio para amortiguar cualquier incremento tarifario. Plan de eliminación o baja de las tasas e impuestos que afectan el monto final de las tarifas. El impacto sobre los estratos de muy bajos ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda

Eliminación inmediata de subsidios a actividades productivas
suprimiendo todo control e intervención en los precios.
Criptomonedas:
Se abrirá el cauce a la posibilidad de la utilización de todos los medios
de pago cancelatorios que libremente convengan las partes, entre otras las
criptomonedas o cualquier otro medio derivado de la constante inventiva fruto de la libertad.
Comercio Internacional:
• Eliminar, o reducir a un mínimo muy bajo y uniforme, los aranceles a la
importación, adscribiendo además a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio que implican la eliminación de toda restricción para importar, como las licencias automáticas y no automáticas siempre en condiciones de reciprocidad.
• Firmar tratados de libre comercio con todas las regiones o países que
deseen acceder a nuestros mercados, en condiciones de reciprocidad.
• Terminar con la práctica de gravar con derechos de exportación
nuestras exportaciones de commodities.
• Conceptualmente, como meta final, debería suprimirse todo gravamen
al comercio exterior en condiciones de reciprocidad para darle un mismo tratamiento tributario que a la producción y comercio domésticos.
Sector financiero:
Libre provisión de servicios en el sector financiero, igualdad de trato a
todas las entidades financieras y bancarias eliminando todo privilegio
inconstitucional

Eliminación del impuesto a la renta financiera y fortalecimiento de un
Mercado de Capitales auto regulado para incentivar la inversión productiva.
Empresas públicas:
Desde lo descrito en las propuestas de Reforma del Estado, contemplar
planes para la eliminación o, de ser necesario, el traspaso a la órbita privada de las empresas de administración pública que queden fuera de las competencias de la nueva estructura administrativa, a las que aún persistan se las pondrán a competir con opciones privadas, con la finalidad de volverlas más eficientes e ir reduciendo el costo que le provoca al Estado.

REFORMA EDUCATIVA.
Consideramos a la educación como un proceso humano fundamental
para la adquisición de conocimientos, valores y costumbres.
Dentro de este marco creemos que la educación debe de estar alineada
con el objetivo primordial del Estado (asegurar que todos sus habitantes, aún ante las diferencias, puedan consolidarse como individuos libres e independientes de cualquier colectivo o tercero). Por eso, estamos convencidos que la educación debe, en todos los niveles y en particular desde la infancia, concentrarse en formar individuos interesados por la vida política, económica y social; formar individuos críticas, libres y soberanos; pero sobre todo, formar ciudadanos sujetos de derechos
y obligaciones, que entiendan a la libertad y al respeto por el otro como la guía básica de la moral humana, a través de la cual la paz, la felicidad y la prosperidad pueden ser alcanzadas.
Por ello, creemos primordial, garantizar el acceso a la educación de
calidad a través de la promoción de programas que permitan a los ciudadanos elegir libremente dónde instruirse y de qué manera instruirse, en un ambiente institucional o informal.

Se debe reconocer a través de la legislación, el derecho de los padres y
tutores de elegir educar a los menores a su cargo en un ámbito no institucional y facilitar información y capacitación a quienes se interesen por esta opción educativa.
Promover la formación continua de docentes e instructores a través de
programas, evaluaciones y diferentes herramientas.
El crecimiento económico y el bienestar de la sociedad en su totalidad
están íntimamente ligados a la capacidad del sistema educativo de elevar sin exclusiones los niveles del conocimiento, el desarrollo científico y la riqueza cultural de la población.
La Nación es responsable concurrentemente con las provincias y
municipios de garantizar la unidad del sistema educativo, en tanto que las provincias serán las responsables primarias de brindar el respectivo servicio educativo. La función del gobierno nacional se limitará a la elaboración de Contenidos Curriculares Básicos en cooperación con las provincias, los cuales deberán ser respetados por los padres y tutores que opten por educar a los menores a su cargo en ámbitos no
institucionalizados.
Se favorecerá la extensión de la educación privada de calidad mediante
el subsidio a la demanda educativa a aquellos ciudadanos que no puedan costear la misma. Incluso en los establecimientos educativos públicos, se asegurará el financiamiento por parte de los interesados en su utilización, asegurando los recursos para ello mediante los mismos subsidios aplicables a la educación privada.


Educación Básica:
En este ciclo del proceso educativo es imprescindible la vinculación
escuela-familia y la participación de un cuerpo docente distinguido por su idoneidad y respetado en su calidad profesional (tanto en la autoridad que se le reconoce como en el salario que se le retribuye).

En lo fundamental se propone:
• Mantener el esquema de una educación básica para los niños y una
especialización posterior para los adolescentes y sostener la medición anual de la calidad educativa (discriminada por escuela) realizada por una institución autárquica dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.
• Velar por una mayor asistencia educativa y, donde las circunstancias lo
requieran, apoyo sanitario y alimenticio a niños de bajos recursos, redefiniendo las jornadas de ser necesario.
Educación Superior:
Las universidades nacionales deberán ser centros de excelencia
educativa y de investigación, en intercambio con otras universidades del mundo, receptivas de las demandas de la sociedad argentina y cuidadosa de los valores esenciales para su función: la libertad de pensamiento y expresión y la valoración de la persona humana como fin último de su misión académica.
Las universidades mantendrán la autarquía en la gestión de sus
recursos, pero con la posibilidad de ser auditadas por un organismo estatal
descentralizado o por organizaciones privadas. Su financiamiento deberá reconocer y desarrollar el acceso a fuentes complementarias de recursos distintas de las previstas por el estado nacional, como ser el financiamiento privado a cambio de servicios provistos por los establecimientos terciarios y universitarios mediante la participación de alumnos y docentes. De esta forma se favorecerá la permanente actualización de las actividades curriculares en función de las necesidades de la sociedad y del mercado laboral, facilitando también así, la mejora en la calidad
educativa y la inserción laboral de los alumnos

El Estado preservará el principio de igualdad de oportunidades en el
acceso a la educación superior, sea de un modo directo a través de becas o, de un modo indirecto, a través de préstamos estudiantiles.

SISTEMA DE SALUD.
El gasto en salud de la sociedad argentina, que es alto en comparación
con el resto del mundo, también se destaca por su enorme ineficiencia y elevado costo social. Lejos de contribuir al bienestar de las personas, ha significado una amenaza para la salud de muchos conciudadanos.
Nuestro interés en relación a este aspecto es que el Estado impulse un
verdadero desarrollo, en cuanto al acceso federal al sistema de salud, para que las disparidades regionales sean reducidas a la mínima expresión.
Existe por tanto un margen importante de mejora en la extensión social,
la cobertura y la calidad de la atención médica de la población, particularmente aquella que depende del hospital público, las obras sociales o el PAMI.
Será responsabilidad del Estado Nacional atender únicamente aquellas
circunstancias de salud pública estrictamente relacionadas con endemias,
epidemias o pandemias (ocupa un lugar privilegiado aquí la vacunación); será responsabilidad del Estado Provincial (y municipios autónomos) bregar por la evaluación de las necesidades médicas locales, la fijación de objetivos sanitarios, la selección de alternativas eficientes de asistencia, la provisión de recursos para financiarlas y evaluación continua de resultados; será responsabilidad del Estado Municipal (no autónomo) la colaboración con el Estado Provincial en la implementación de los programas de salud.
Con el fin de respetar la autonomía individual en la gestión de los
recursos para la propia salud, se promoverá un libre mercado de seguros de salud y prestaciones médicas donde el Estado tendrá el rol de supervisor y regulador del sistema, así como la responsabilidad primaria de garantizar cobertura mínima a los sectores con menos recursos.
Se permitirá la libre y rápida derivación de aportes a la obra social o
prepaga que desee y prefiera el trabajador, incluidos los trabajadores del sector público.
Se favorecerá la inversión pública o privada en la mejora de
infraestructura y equipamiento hospitalario a efectos de que los ciudadanos
usuarios de sistemas de medicina privados puedan optar por los sistemas públicos de salud sin desmedro en la calidad de atención y así competir con los establecimientos de salud privados, reduciendo la necesidad de asignaciones presupuestarias estatales.

DEFENSA.
El Estado tiene una necesidad urgente de reformas profundas destinadas
a reorganizar las Fuerzas Armadas (F.F.A.A.) al nivel que requiere un país en estado de paz, pero con importantes recursos naturales, extensión y posición geográfica que requieren cuidados especiales.
Creemos que es necesario hacer una revisión del conjunto normativo
legal de las F.F.A.A., para asegurar que las normas sancionadas no sean una
perturbación para unas fuerzas modernas, eficientes y al servicio de la Nación.
El Ministerio de Defensa deberá cumplir su misión, revirtiendo la situación
que se observa hoy: falta de políticas sobre el sector y de capacidad técnica de sus funcionarios.
El Estado Mayor conjunto será, por excelencia, el órgano asesor y auxiliar
en materia de estrategia militar, además de las otras funciones específicas que por ley tiene asignadas.

Se requiere revalorizar las F.F.A.A., en especial en sus condiciones
anímicas y materiales para poder cumplir con su misión. Será necesario un
sostenido esfuerzo de reconstrucción, imprescindible para revertir la actual
situación.
Es apremiante una reestructuración de la burocracia militar, que permita
reducir los esfuerzos, traducidos en tiempo y costos, de las tareas administrativas que actualmente están totalmente desvirtuadas e insumen grandes recursos, para volcar los mismos en las tareas operativas que son la razón de ser de las F.F.A.A., obteniendo como resultado una estructura administrativa eficiente y moderna.
Dicha reestructuración debe incluir los procesos logísticos
indispensables para suplir las necesidades de alistamiento de los distintos
componentes.
Se considera necesario un presupuesto plurianual con una asignación
mínima a Defensa del 1,5 % del PBI. Argentina deberá estar preparada para varias hipótesis de conflicto como es el caso de la amenaza internacional del terrorismo, el narcotráfico, ciberguerra, depredación del Mar Argentino, y defensa de recursos naturales de valor estratégico, entre otros. Se sostendrá la conformación de F.F.A.A. concentradas y con capacidad operativa y tecnológica, que permitan su despliegue rápido y eficiente.
Deben lograrse relaciones diplomáticas estables con países
desarrollados, que permitan no solo la fluidez de intercambios, de conocimientos militares, sino también la adquisición de medios y/o sistemas de armas, con su consiguiente transferencia de tecnología, que faciliten la recuperación completa de las F.F.A.A. y del prestigio internacional de la República.


RELACIONES EXTERIORES

La construcción de las relaciones internacionales debe tener como eje
político, la adhesión a los principios de la libre determinación de los pueblos, el respeto por los derechos humanos, el mantenimiento del orden mundial basado en la paz y el respeto a las libertades fundamentales.
Estamos convencidos que la búsqueda de nuevos mercados para la
integración comercial y tecnológica con el mundo son instrumentos necesarios para promover el desarrollo económico y el verdadero bienestar de nuestro pueblo.
La apertura cultural hacia el mundo servirá para enriquecer las visiones
políticas y filosóficas de gobernantes y gobernados, al mismo tiempo, debemos proyectar la identidad cultural argentina hacia el mundo en un contexto de tolerancia y receptividad al cambio.
Consideramos fundamental que Argentina mantenga, consolide y
prolifere su adhesión a organismos multilaterales como Naciones Unidas,
Organización de Estados Americanos, convenciones internacionales para el
mantenimiento de la paz, la no proliferación de armas nucleares, el respeto
irrestricto por el libre intercambio multilateral de bienes, mano de obra, recursos materiales y económicos siempre en condiciones de reciprocidad, la preservación del medio ambiente y el socorro a las migraciones por causas políticas y religiosas.


RELIGIÓN.
La realidad argentina está atravesada por la diversidad cultural y
religiosa. Los países no tienen una identidad única, no tienen creencias ni
ideologías.
En este sentido proponemos:
• Garantizar la libertad de culto individual con respecto a cualquier
confesión religiosa o ideología particular

Eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato
económico y fiscal para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley.
• El país debe avanzar hacia una equidad e igualdad ante la Ley de todos
los credos. Pertenecer a una iglesia en particular no redundará en beneficios como exenciones tributarias, o recursos del Estado para labores de promoción y difusión, sin excepciones.
• Apoyamos la reforma del artículo 2° de la Constitución Nacional.
• Proponemos la eliminación de los Decretos Ley N° 21.950 y N° 21.540
dictados en el gobierno de facto del Gral. Onganía; los Decretos Ley N° 22.162/80 y N° 22.430/81 con la firma del Gral. Videla; el del Gral. Galtieri de 1982, N° 22.552 y el N° 22.950 del Gral. Bignone en 1983, que aún están vigentes que han devenido en un sinfín de asistencias económicas a la Iglesia por parte del Estado. Como así también la cancelación de todo pago a futuro tras las correspondientes derogaciones.
• Todo símbolo religioso deberá ser eliminado en dependencias públicas
como edificios, patios, oficinas u otras instalaciones.
• Garantizar la igualdad ante la Ley y libertad de expresión de todos los
cultos religiosos independientemente de su extensión geográfica o cantidad de adherentes.
• La religión debe ser considerada como una opción personal válida,
garantizada tanto en el ámbito privado, en templos destinados a tales fines, o incluso en espacios públicos, mientras no coarten la libertad de otras personas con las que compartan ese sitio.


MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

La protección del medio ambiente y de los recursos naturales debe ser
política de Estado para evitar que un mal manejo contemporáneo que ponga en riesgo la viabilidad económica y calidad de vida de las generaciones futuras.
Ninguna generación debe estar dispuesta a aprobar políticamente para
el futuro algo distinto de lo que ella estaría dispuesta a imponerse a sí misma.
La calidad, cantidad y reposición de los recursos naturales consumidos –
en particular los no renovables debe ser tenida en cuenta seriamente al momento de tomar decisiones vinculadas a procesos económicos y marcos regulatorios que los afecten de manera considerable y sostenida.